Incidencia de la declaración del estado de alarma en el ámbito de extranjería

Actualizado: abr 18

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Desde el pasado 14 de marzo, en España se declaró el estado de alarma mediante la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.


El estado de alarma es un instrumento jurídico previsto en el artículo 116 de la constitución y desarrollado por la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

Su declaración tiene la principal consecuencia de que todas las autoridades civiles y funcionarios de las Administraciones afectadas quedan bajo las órdenes directas de la autoridad competente, en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponer servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza.


Además, su declaración puede, como en este caso, imponer ciertas restricciones al ejercicio de derechos fundamentales como son limitar la circulación de personas o de vehículos en horas y lugares determinados; practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias, etc.

¿Cómo va a afectar la declaración de estado de alarma en el ámbito de extranjería?


Hay muchas dudas ciertamente, actualmente permanecen cerradas para la atención al público las Oficinas de Extranjería y se están haciendo esfuerzos para coordinar la gestión telemática de todas las solicitudes. En la disposición adicional tercera del Real Decreto que declaró el estado de alarma se establece la suspensión de los plazos administrativos:


"1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.


2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.

4. La presente disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los que hace referencia el apartado primero, cuando estos vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma."


Si bien la redacción no es muy clara, de la interpretación en su conjunto parece que la suspensión se extiende a los plazos de los procedimientos de extranjería también. Con lo que aquellas personas que se encuentren en España y estaban en plazo de presentar una solicitud de autorización o renovar su autorización de residencia no deberían verse afectados por el transcurso del plazo establecido en la norma.


Respecto a los plazos procesales. La disposición adicional segunda del citado decreto establece la suspensión e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El precepto prevé así mismo que el cómputo de plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia este decreto, esto es, cuando se ponga fin el estado excepcional de alarma. Con lo que las personas que se encuentren en plazo de interponer recurso frente a la justicia en materia de extranjería tampoco verá afectado su derecho.


En nuestro despacho tenemos todo ya organizado para poder presentar el cien por ciento de las solicitudes y renovaciones de forma telemática con independencia de esta situación.


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Fuente: Boletín Oficial del Estado

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