El Supremo se levanta contra las peticiones abusivas de asilo


Interior del Tribunal Supremo

El Supremo considera que el solicitante pretendió realizar un uso fraudulento del procedimiento de asilo, dado que de sus propias declaraciones se deduce claramente que no es un perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad o por pertenecer a un determinado grupo social o tener opiniones disidentes, y, por lo tanto, no existen fundados temores de que le pueda ocurrir nada a su regreso a su país, confirmando su expulsión del territorio nacional, que conlleva la prohibición de regresar a durante un periodo de tres años.


El ciudadano extranjero fue detenido el 20 de diciembre de 2016 en una calle sin pasaporte ni autorización administrativa para residir. El 30 de marzo de 2017, tres meses y diez días después, el delegado del Gobierno en Melilla decretó su expulsión. Pero 26 días después, el 25 de abril, la magistrada del Juzgado de Instrucción 3 de Melilla autorizó el internamiento cautelar del ciudadano extranjero en el CIE de Aluche, en Madrid, durante el plazo máximo de 60 días, al que llegó un día después. El 5 de mayo, pasados diez días, el abogado del interesado, presentó un recurso de reposición ante la Delegación de Gobierno contra la orden de expulsión alegando la existencia de "peligro" para su seguridad si regresa a su país de origen.


Y el 11 de mayo, un jueves –con un sábado y un domingo por delante, siendo el plazo de cuatro días naturales–, interpuso la solicitud de asilo en el CIE de Madrid.



El 17 de mayo, el miércoles siguiente,

su abogado presentó un escrito ante

la Audiencia Nacional explicando que habían transcurrido los cuatro días naturales para resolver y notificar sobre la petición de asilo y pidiendo que se decretase la libertad del ciudadano extranjero, como medida cautelar urgente, accediendo el tribunal a autorizar la entrada y permanencia en territorio provisional del ahora solicitante de asilo. La abogacía del Estado, ha llevado el asunto al Tribunal Supremo, que anula el fallo de la Audiencia Nacional que consideraba que con el transcurso de los cuatro días que la Administración tiene para responder a la solicitud del inmigrante, se abre el procedimiento ordinario para tramitar la solicitud de protección internacional y, por tanto, se obtiene la residencia provisional.


El ponente concluye que esta conducta procedimental "no solo ha sido ejecutada en grosero fraude de ley, sino que la misma supone un ejercicio antisocial del derecho, un abuso, puesto que el reclamante no tiene ni una sola de las circunstancias para considerarse refugiado y pide la protección internacional un viernes en el CIE de Madrid. Y así obtiene la libertad provisional".


En la sentencia, el alto tribunal advierte de que sobre el uso abusivo del procedimiento de protección internacional: "El daño a todos los verdaderos refugiados que causa esta forma de actuar es inmenso, pues él y otros muchos como él, que incurren en fraude de ley del artículo 6.4 del Código Civil, impiden a la Administración prestar la atención que merecen los que de verdad y fundadamente reclaman la protección internacional". El ponente considera que, además, "la institución del asilo se agrieta o se prostituye, perdiendo su transcendencia humanitaria por su uso fraudulento y además abusivo", afirma la resolución. El magistrado Borrego Borrego, con el apoyo de la Sala, insiste en que "se trata de un fraude grosero y abuso de derecho evidente", cometido a través de una actuación fraudulenta, "que debería ser objeto de examen por la Autoridad competente del Ministerio de Interior para exigir las responsabilidades a quien o quienes hubieran inducido o colaborado a ello. Y poner coto a estas conductas en fraude de ley". Chiossi Legal - Abogados

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