Sentencia del Constitucional, tarjeta de familiar de ciudadano de la UE, medios económicos



El Tribunal Constitucional declara vulnerados los derechos a la igualdad (art. 14 CE) y a la tutela judicial efectiva del solicitante de la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea. (Art. 24 CE).


Importante sentencia del Constitucional que asume la jurisprudencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 27 de febrero de 2020, sobre acreditación de medios económicos en las solicitudes de tarjeta de familiar de ciudadano de la UE.


Resumen:


Antecedentes: La solicitud de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea como cónyuge de una ciudadana española fue denegada al no aportar medios económicos titularidad de la ciudadana española, pese a haber acreditado medios económicos suficientes titularidad del solicitante extracomunitario (peruano).


La parte recurrente interpone recurso de amparo alegando la vulneración, por un

lado, del derecho fundamental a la igualdad de trato (art. 14 CE) y, por otro, del derecho

fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), en relación con el derecho al pleno

desarrollo de la personalidad (art. 10 CE), del derecho a contraer matrimonio (art. 32.1

CE) y del principio de protección de la familia (art. 39.1 CE). El origen de estas lesiones

estaría tanto en las resoluciones de la Subdelegación del Gobierno de 3 de julio de 2014

y de 26 de septiembre de 2014, como en las sentencias del Tribunal Superior de Justicia

de Cataluña de 19 de mayo de 2017 y del Tribunal Supremo de 3 de julio de 2018.


En cuanto al derecho a la tutela judicial efectiva, se conecta la lesión con el derecho

a la vida en familia y a la convivencia matrimonial con su cónyuge, que han sido vulnerados por la denegación de la tarjeta sin que las resoluciones judiciales impugnadas se hayan pronunciado respecto a estos derechos. Toda la interpretación judicial gira solamente en torno al alcance de los arts. 7 y 8 del Real Decreto 240/2007, que desde la STS de 1 de junio de 2010 se afirma que es también de aplicación a los familiares de ciudadanos españoles.


El recurrente alega que se produce una doble desigualdad de trato. Primero, entre las parejas de un ciudadano español y otro extranjero extracomunitario y las parejas de dos ciudadanos españoles (o de español con ciudadano comunitario), en cuanto que estas segundas tienen derecho a residir en el país aun cuando ninguno de los miembros

tenga ingresos propios. El derecho a contraer matrimonio en condiciones de igualdad es un derecho constitucional (art. 32 CE), y esa igualdad debe proyectarse también sobre los efectos civiles de cualquier matrimonio civil inscrito en el registro civil.


Ese derecho queda restringido con lesión del principio de igualdad si la vida en común propia del matrimonio se hace depender de la acreditación de medios económicos. El derecho a convivir no puede depender de forma radical y excluyente de la situación económica del ciudadano español, pues eso supone recibir un trato limitado y restrictivo en función de la nacionalidad. Habría, por tanto, una diferencia de trato infundada y discriminatoria de matrimonios válidamente inscritos en el registro civil en función de su composición, que no reúne los requisitos de tener una justificación objetiva y razonable, de perseguir una finalidad constitucionalmente legítima y de ser proporcionada.


La segunda desigualdad se produce «entre los miembros de la propia pareja, ya que mientras que en cualquier pareja cualquiera de ellos puede trabajar para sostener a su familia, las resoluciones aquí impugnadas obligan a que sea el cónyuge español quien deba inexcusablemente aportar los medios económicos para el sostenimiento de la familia», aunque sea el cónyuge extracomunitario el que tenga ingresos elevados y suficientes. Lo cual lesiona el derecho a la igualdad en derechos y obligaciones de los cónyuges (art. 32 CE). Se invoca la STC 200/2001, de 4 de octubre, sobre el alcance del art. 14 CE.


Entiende el Constitucional que "se produjo, pues, una diferencia de trato entre ambos cónyuges, tal y como indica el Ministerio Fiscal. Tal y como se ha venido exponiendo, la finalidad expresa de la norma aplicada es la de evitar que el cónyuge extracomunitario suponga una carga para la asistencia social en España. Y esa finalidad se cumple si es el ciudadano español el que dispone de los recursos necesarios, pero también si su titular es el cónyuge extracomunitario, o si la suma de los recursos de ambos permite el sostenimiento de la unidad familiar. De este modo, la recta intelección de los apartados 1 y 2 del artículo 7 del Real Decreto 240/2007, que corresponde efectuar a este Tribunal desde el parámetro de la alegada vulneración del art. 14 CE, impone la conclusión de que en este caso concreto, atendidas las circunstancias expuestas, no puede sostenerse que el ciudadano español careciera de recursos, ya que no se ha examinado la documentación aportada a tal fin por el cónyuge que no era ciudadano de la Unión, omisión que, como se dijo, supone una lesión del derecho a la igualdad".


b) La alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 CE en relación con los derechos al libre desarrollo de la personalidad del artículo 10.1 CE, el derecho a contraer matrimonio del artículo 32.1 CE y el principio de protección de la familia.


El archivo de la solicitud de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión se realizó sin ponderar adecuadamente las circunstancias personales y familiares del solicitante, con lo que se impidió la estancia y residencia en España del demandante de amparo, a falta de otro título habilitante, permitiendo, en su caso, la expulsión del mismo de territorio nacional.


Esas circunstancias concretas se habían puesto de relieve a lo largo del proceso. En particular, el demandante se había referido a su suficiencia de medios en el escrito de demanda dirigido al juzgado, en el acto de la vista oral y en la impugnación del recurso de apelación interpuesto por la Abogacía del Estado, afirmando que en ningún caso iba a suponer una carga para la asistencia social del Estado, que era el fundamento de la modificación normativa operada en el Real Decreto 240/2007 consistente en la necesidad de acreditar recursos suficientes. Además, había aportado distinta documentación, entre la que cabe citar un extracto de los movimientos de la cuenta corriente, el certificado de empadronamiento, el libro de familia, copia de póliza de seguro privado de salud, etc.


El Tribunal constitucional falla a favor del solicitante de la tarjeta de residencia, siguiendo la línea marcada por la jurisprudencia más reciente y, en especial, por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de febrero de 2020.


Opinión personal: Celebramos la sentencia, si bien, no estamos de acuerdo que el marco jurídico sea el citado por el Tribunal Constitucional. Consideramos que a un español que no ha ejercido el derecho a la libre circulación debería aplicarse únicamente el Código Civil y la Constitución Española, por lo que no sería necesario acreditar medios económicos. Seguiremos insistiendo en el planteamiento.


Fuente: Sentencia del TC de 10 de junio de 2020

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