Sentencia reconoce al hijo de un español la residencia sin acreditar medios económicos

Actualizado: abr 18

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Libro de Familia

La justicia vuelve a pronunciarse sobre un asunto controvertido: ¿es legal exigir a los españoles que acrediten medios económicos para reagrupar a sus familiares extracomunitarios?


Hasta el año pasado, a pesar de que las Oficinas de Extranjería solicitaban a los españoles que acreditar medios económicos para extender la tarjeta de residencia a sus familiares directos, la mayor parte de los jueces venían pronunciandose entendiendo que no hay cobertura legal para tal exigencia concediendo en sus fallos la tarjeta cuando los interesados acudían a tribunales. A finales de 2017, el Tribunal Supremo en una sentencia muy criticada desde múltiples ámbitos, entendió que estaba justificada dicha exigencia en una interpretación a nuestro entender torticera. Desde entonces estábamos atentos a los posteriores pronunciamientos de los juzgados de primera instancia. Pues bien, ayer conocíamos una de las primeros sentencias que se hace pública sobre el tema, viene del Juzgado de lo Contencioso administrativo N.º 9 de Sevilla, del 21 de diciembre de 2017 y vuelve a la senda de lo que venían apreciando los tribunales antes de la citada sentencia del Tribunal Supremo, fundamentando el hecho de que no tiene sustento legal la exigencia de contar con medios económicos a un español para extender una tarjeta de residencia a sus familiares directos, en este caso, para un hijo menor de 21 años. Citamos a continuación, algunos párrafos de la sentencia del valiente juez de Sevilla: “El derecho a la reagrupación familiar de ciudadano no comunitario ejercido por españoles carece de cobertura legal, en cuanto que no está previsto ni en las normas comunitarias ni, lógicamente en la ley de extranjería, a pesar que se insinúe que se aplicará la norma más favorable”. Así, añade que el artículo 8.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos “expresamente exige que las injerencias de las autoridades públicas en la vida privada y familiar esté prevista por una norma con rango de ley, requisito que no se cumple con la normativa española que regula el derecho a la reagrupación familiar de no comunitarios por ciudadanos españoles, en cuanto que está prevista en una normativa reglamentaria, como es un Real Decreto y una Orden Ministerial carente de toda cobertura legal”.

Continúa más adelante en la sentencia exponiendo que “en el ordenamiento jurídico español, si bien el Tribunal Constitucional considera que no se trata de un derecho fundamental y que no se reconoce el derecho a la vida familiar en los mismos términos que la jurisprudencia del TEDH viene interpretando el artículo 8.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, no significa que este artículo no sea aplicable en lo que se refiere a que toda injerencia de los poderes públicos en la vida familiar estableciendo requisitos debe estar prevista en una norma con rango de ley”. “Dejar en manos de la Administración el establecimiento mediante una Orden ministerial de los requisitos para el ejercicio de un derecho como la reagrupación familiar que afecta a la vida y a la dignidad de la persona no se corresponde con las normas internacionales, ni con los principios que rigen la Constitución española”, ya que “el derecho a fundar una familia, el derecho a vivir en familia, es innegable que es un derecho que corresponde a todos los españoles que debe ser protegido por los poderes públicos, de tal modo que el establecimiento de requisitos para su ejercicio se debe realizar por una norma con rango de ley”. “El derecho a la reagrupación familiar, que no es otro que el derecho a vivir en familia, es un derecho reconocido en el artículo 39 y 10 de la Constitución”, concluye el magistrado, que anula la resolución impugnada “por no ser ajustada a Derecho” y ordena a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla conceder la autorización solicitada por el recurrente. Chiossi Legal - Abogados Paseo de la Castellana 200, oficina 425 // Madrid Teléfonos (+34) 919 04 70 64 // (+34) 657 070 069 María Emilia Chiossi - Abogada colegiada 2161 ICALaPalma

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