Sentencia, tarjeta de familiar de la UE familia extensa, hija mayor de 21 años a cargo

Actualizado: 14 de jul de 2019

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 30 de Madrid SENTENCIA Nº 220/2019


En Madrid, a 08 de julio de 2019.

La Ilma. Sra. Dña..., Magistrada-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 de MADRID, ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso contencioso-administrativo registrado con el número 180/2018 y seguido por el

Procedimiento Abreviado en el que se impugna la siguiente actuación administrativa:

DENEGACIÓN TARJETA DE RESIDENCIA. Son partes en dicho recurso: como recurrente Dña. A.M.G, representada y dirigida por la

LETRADA Dña. MARIA EMILIA CHIOSSI y como demandada la DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID, representada y dirigida por el Sr. ABOGADO DEL ESTADO.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El presente recurso contencioso-administrativo se inició por demanda que la representación procesal de la parte demandante presentó en la fecha que consta en autos y, en la que se consignaron con la debida separación los hechos, fundamentos de derecho y la pretensión ejercitada. Segundo.- Mediante resolución de este Juzgado se admitió la demanda y su traslado a la parte demandada, citándose a las partes para la celebración de vista, con indicación de día y hora. En el mismo decreto se ordenó a la Administración demandada que remitiera el expediente administrativo y una vez recibido, se dio traslado del mismo a la parte recurrente. Tercero.- Comparecidas las partes procesales, se celebró el juicio en el día señalado por el Juzgado, que comenzó con la exposición por la parte demandante de los fundamentos de lo que pedía o ratificación de los expuestos en la demanda y continúo con la contestación de la demanda por la Administración. Acto seguido se propusieron las pruebas y, una vez admitidas las que no fueron impertinentes o inútiles, se practicaron seguidamente. Tras la práctica de la prueba y de las conclusiones quedaron los autos vistos para

sentencia. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El objeto del presente recurso contencioso-administrativo lo constituye la resolución de fecha 24.01.2018, desestimatoria del recurso de alzada presentado frente a la resolución de fecha 10.08.2017, por la que se denegaba a la parte demandante la tarjeta de familiar de ciudadano miembro de la U.E. (Exp. Nº 28022017000....).

La parte demandante interesa la anulación de la resolución recurrida por no ser

conforme a Derecho y se declare el derecho de esa parte a obtener la tarjeta

solicitada.

La Administración demandada se opone a las pretensiones de la parte actora e

interesa la desestimación del presente recurso.

Segundo.- A la prueba documental que obra en las presentes actuaciones, se

admitió en el acto de la vista, al amparo de lo previsto en el Art. 78.10 LRJCA,

la aportación por parte de la demandante de los siguientes documentos:

- certificado apostillado de estudios de la demandante de 2014 y 2015;

- certificado apostillado de residencia en la vivienda familiar y

- escrituras que acreditan la propiedad de su progenitor de la citada

vivienda,

De toda la prueba practicada en el presente recurso, fundamentalmente de la documental obrante en autos, se entiende acreditada la residencia de la parte actora en la vivienda propiedad de su padre así como que pudo seguir sus estudios de formación.

De ello y de los pagos acreditados que recibió como ayuda económica de su progenitor se extrae como conclusión lógica según las elementales reglas de la razón que la parte demandante ha estado económicamente a cargo de su padre, siendo éste quien ha cubierto las necesidades básicas de la solicitante. Se entiende así que la recurrente se encuentra en el supuesto previsto en el artículo 2 c) R.D. 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y de conformidad con la jurisprudencia emanada del TJUE.

En razón de lo expuesto, procede la estimación del presente recurso y la

anulación de la resolución recurrida por entenderse la misma como no

conforme a Derecho

Tercero.- De conformidad con lo establecido en el artículo 139 LRJCA, procede imponer las costas a la parte demandada, fijando su cuantía máxima en la suma de 300 euros.

Vistos los artículos citados y todos los procedentes de legal aplicación,

FALLO

Que estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dª AMG frente a la DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN MADRID contra la resolución recurrida, de fecha 24.01.2018, (Exp. Nº 28022017000), la cual se anula por no apreciarse conforme a Derecho.

Se imponen las costas a la parte demandada.

Testimonio de la presente resolución se unirá a los autos principales y se

llevara su original al libro de sentencias de este Juzgado.

Notifíquese esta sentencia a las partes personadas haciéndoles saber que contra

la misma cabe interponer recurso ordinario de apelación de conformidad con lo

establecido en el artículo 81 de la LJCA, en el plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente a su notificación, advirtiendo que deberá constituir depósito de 50 euros. Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado nº especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un “Recurso” 22 Contencioso-Apelación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio), lo que deberá ser acreditado al presentarse escrito de interposición del recurso, bajo el apercibimiento e que no se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido y que de no efectuarlo se dictará auto que pondrá fin al trámite del recurso.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo, en el día de su fecha.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela

o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.



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