Tarjeta de residencia provisional mientras dura el proceso judicial

A continuación trascribimos la resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma de Mallorca, por la que el magistrado titular manda a la Oficina de Extranjería de la localidad a cumplir forzosamente con su mandato judicial de emitir la tarjeta de residencia provisional mientras se sustancia el juicio a nuestra clienta, de nacionalidad argentina, solicitante de tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea como pareja de hecho sin registrar (familia extensa).



En Palma de Mallorca, a dieciocho de octubre de dos mil diecinueve.



ANTECEDENTES DE HECHO



PRIMERO.- En la presente PSS, con fecha 11 de diciembre de 2018 se dictó por este Juzgado el Auto número 244/18, en el Procedimiento Abreviado número 300/18, cuya Parte Dispositiva era la siguiente:


“ACUERDO ESTIMAR la medida cautelar solicitada por la Letrada Dª. María Emilia Chiossi, en nombre y representación de Dª. PFM, en los Autos PA núm...”


SEGUNDO.- En fecha 25 de julio de 2019, la representación procesal de la parte actora presentó escrito en el que instaba se acordara requerir a la Administración demandada para que diese cumplimiento al citado Auto, al que adjuntó Resolución de la Delegación del Gobierno en las Islas Baleares de 14 de diciembre de 2018.



Dado traslado a la Administración demandada, ha presentado escrito de 30 de julio de 2019 en el que expone que en estos casos únicamente se adopta la resolución, pero no se emite la correspondiente tarjeta de residencia, por considerarlo innecesario.



Dado traslado, la recurrente ha reiterado su solicitud de que se requiera a la Administración para que emita la correspondiente tarjeta de identidad plástica que reconozca su derecho provisional.


La Administración ha presentado escrito de alegaciones el 08 de septiembre de 2019.



RAZONAMIENTOS JURÍDICOS


PRIMERO.- El derecho a la tutela efectiva consagrado en el artículo 24 CE no agota su contenido en la exigencia de que el interesado tenga acceso a los Tribunales de Justicia, pueda ante ellos manifestar y defender su pretensión jurídica en igualdad con las otras partes y goce de la libertad de aportar todas aquellas pruebas que procesalmente fueran oportunas y admisibles, ni se limita a garantizar la obtención de una resolución de fondo fundada en derecho, sea o no favorable a la pretensión formulada, si concurren todos los requisitos procesales para ello.


Exige también que el fallo judicial se cumpla y que el recurrente sea repuesto en su derecho y compensado, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido; lo contrario sería convertir las decisiones judiciales y el reconocimiento de los derechos que ellas comportan en favor de alguna de las partes, en meras declaraciones de intenciones.


Por ello, el artículo 118 de la Constitución establece: “Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto”.



Dispone el artículo 134.1 LJCA, en relación con la ejecución de lo acordado en materia de medidas cautelares, que “el auto que acuerde la medida se comunicará al órgano administrativo correspondiente, el cual dispondrá su inmediato cumplimiento, siendo de aplicación lo dispuesto en el capítulo IV del Título IV, salvo el artículo 104.2”.



Ello nos remite al artículo 103.2 del mismo texto legal, que establece que las partes están obligadas a cumplir las sentencias y demás resoluciones judiciales en la forma y términos que en éstas se consignen. Por su parte, el artículo 104 señala que luego sea firme la resolución, se comunicará en el plazo de diez días al órgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso a fin de que la lleve a puro y debido efecto, y practique lo que exige el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo.


Dichos preceptos han de ser complementados con cuanto viene dispuesto en los artículos 108 y 109 LJCA sobre el modo de llevar a cabo el cumplimiento del fallo y la posibilidad de promover incidente de ejecución, mientras no conste el total cumplimiento.


SEGUNDO.- En el presente caso el pronunciamiento judicial estimó la medida cautelar, lo que implica que quedó en suspenso la ejecución del acto denegatorio de la autorización de residencia de larga duración.


En ejecución de dicha resolución la Administración ha dictado una Resolución el 14 de diciembre de 2018, mediante la que se acordó ejecutar la citada medida cautelar, en cuya parte inferior señala:


“LA PRESENTE RESOLUCIÓN PERMITE AFILIACIÓN Y ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL Esta resolución no permite la emisión de tarjeta de residencia”.


La recurrente considera que la medida cautelar ha de comprender, también, la emisión de la correspondiente tarjeta plástica que acredite su derecho de residencia.


Lo cierto, sin embargo, es que, tratándose como se trata, de supuesto en el que la autorización ha quedado concedida de modo provisional y cautelar, ello debería quedar reflejado en algún tipo de soporte que pueda ser de más fácil manejo y uso que la propia copia de la resolución en que se acuerda la ejecución.


Desde esta perspectiva, tiene razón la parte recurrente al manifestar que esta circunstancia provoca dificultades en la vida diaria, que podrían se solventadas mediante la expedición de algún documento, tipo tarjeta o similar, en el que, dejando claro que se trata de documento provisional, se consignara la situación de la persona a que se refiriera.


Por todo ello, debe requerirse a la Administración para que lleve a puro y debido efecto la parte dispositiva del Auto que se ejecuta, en los términos que se acaban de exponer.


VISTOS los preceptos legales citados y demás de general aplicación,



PARTE DISPOSITIVA


ACUERDO REQUERIR A LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LAS ISLAS BALEARES para que, en ejecución del Auto número xx/19, dictado en la presente pieza de medidas cautelares, en plazo de UN MES, contado a partir de la fecha de notificación de este Auto, proceda a la expedición de algún documento, tipo tarjeta o similar, en el que, dejando claro que se trata de documento provisional, se consigne la situación de la Sra. PFM


Ello, sin perjuicio de la adopción de cualesquiera de las medidas previstas en el artículo 112 LJCA para garantizar el efectivo cumplimiento de las resoluciones judiciales.


Notifíquese esta resolución a las partes haciéndolas saber que contra la misma cabe recurso de reposición que podrá interponerse por escrito ante este mismo Juzgado dentro del plazo de cinco días siguientes a su notificación.


Así lo acuerda, manda y firma D. P. A. M. C, Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Palma de Mallorca. Si necesita ayuda con la tarjeta de residencia o estancia, puede contactarnos completando el formulario de esta web y también en los teléfonos (+34) 657 070 069 - (+34) 919 07 70 64






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